Lo ocurrido en la plenaria no fue una decisión técnica, fue una decisión política.
Mientras la propuesta de Ley de Financiamiento buscaba ordenar deudas, reducir multas e intereses y permitir que miles de ciudadanos y empresarios pudieran ponerse al día con la DIAN y la UGPP, la oposición solo insistía en archivar sin discutir.
El proyecto incluía beneficios reales: personas que sí quieren pagar, pero que hoy no pueden por el peso de intereses y sanciones, y un enfoque claro para que los grandes capitales, con utilidades millonarias, aportaran más.
El Congreso es para debatir, regular y decidir. Irse de la plenaria para no votar, o negarse a discutir solo por hacer oposición, no le sirve a Colombia.
Que la ciudadanía lea, compare y saque sus propias conclusiones.
