Hoy volví a dejar constancia en la plenaria de la Cámara de Representantes sobre la crítica situación de la vía Bogotá–Villavicencio. Una carretera de apenas 90 kilómetros con tres peajes que castigan a transportadores, productores y familias de la Orinoquia. Un tractocamión puede pagar hasta 400 mil pesos en peajes solo para llegar a Bogotá.

Lo más grave es que las concesionarias cobran a diario, pero los contratos las eximen de responder cuando hay derrumbes o emergencias. Ya pasó con el puente de Chirajara y ahora con el túnel 13: siempre termina pagando el Estado, mientras ellas siguen recibiendo millones. Eso es un abuso que no se puede seguir permitiendo.

Por eso levanto la voz y hago un llamado a los gremios, a los gobernadores y a la clase política de la región: exijamos juntos que las concesionarias asuman sus responsabilidades. No más contratos leoninos que empobrecen a la gente y enriquecen a unos pocos. He dicho, y si lo dice Parrado, póngale cuidado.