No solo el Meta, sino Casanare, Cundinamarca, Vichada, Guaviare, Arauca y toda Colombia sufren las consecuencias de cada cierre. Mientras la concesionaria recauda día y noche el valor de los peajes, no asume la responsabilidad de las reparaciones ni del mantenimiento, amparándose en un contrato leonino firmado en gobiernos anteriores.
Por eso hago un llamado a mis colegas congresistas, a los gobernadores, alcaldes, diputados y concejales para que hagamos un frente común. Es hora de revisar estos contratos y exigir que la concesionaria responda. Y si no quiere hacerlo, que entregue el contrato, quite las talanqueras y deje de cobrar peajes. Lo justo es que quien se lucra también responda.
