Meta, Casanare, Guaviare, Vichada, Arauca, Boyacá y Cundinamarca están siendo gravemente afectados por la crisis de la vía Bogotá–Villavicencio, un problema histórico que sigue frenando la movilidad y golpeando la economía de toda nuestra región.
Mientras pagamos los peajes más caros de Colombia, las concesionarias no hacen las inversiones necesarias para garantizar el mantenimiento ni la seguridad de la vía.
Nuestros ganaderos, agricultores, transportadores, el turismo y toda la producción agropecuaria pierden día a día por esta situación. Y aun así, somos quienes más aportamos en petróleo, alimentos y riqueza al país.
Por eso, desde la plenaria hacemos un llamado claro al Gobierno Nacional para revisar la política de concesiones, garantizar la movilidad y atender con urgencia a una región que le cumple a Colombia y que exige respeto.
