Un trayecto que debería cumplirse en menos de tres horas hoy se ha convertido en un recorrido de hasta 10 horas. El pasaje terrestre, que antes costaba $45.000, hoy alcanza los $240.000, y los tiquetes aéreos entre Villavicencio y Bogotá, que antes estaban en $185.000 o $200.000, hoy superan los $600.000 e incluso llegan a $1.500.000.
Esto es una afectación directa para los sectores productivos de la Orinoquía: agricultores, ganaderos, transportadores, comerciantes, avicultores, porcicultores y el turismo, que no pueden asumir estos sobrecostos ni la incertidumbre de una vía que es vital para su desarrollo.
Por ello, hago un llamado urgente a la ANI, a INVIAS, a las Concesionarias y al Ministerio de Transporte para que adopten medidas inmediatas y estructurales. No estamos pidiendo un favor, estamos exigiendo el respeto a un derecho fundamental: la movilidad, que los ciudadanos hemos pagado con impuestos y peajes.
