Este proyecto no elimina derechos adquiridos ni desaparece propietarios o empleos. Por el contrario, reconoce una realidad histórica: en Colombia hemos vivido conflictos, despojos y una concentración de la tierra que ya no podemos seguir ignorando.
Actualmente, más de 1.5 millones de hectáreas rurales están en manos de capital extranjero. En regiones como Vichada, Meta, Casanare y Guaviare, ese capital supera el 25% del área productiva. Mientras tanto, el 1% de los propietarios controla el 81% de la tierra productiva, y el 80% de nuestros campesinos solo posee el 5%.
Este proyecto busca proteger la tierra como un recurso finito, esencial para la soberanía nacional y alimentaria.
No promueve la expropiación, respeta plenamente los derechos adquiridos y establece límites claros: las personas naturales o jurídicas extranjeras podrán acceder a tierra únicamente dentro de la frontera agrícola.
Además, fomenta alianzas productivas junto a campesinos y organizaciones locales.
Seguiremos defendiendo un modelo donde la tierra sea una oportunidad y no un privilegio; un país donde los colonos, campesinos y productores colombianos no sean relegados en su propia tierra.
