Lo que buscamos es un solo concepto, una sola definición jurídica, para que toda la institucionalidad del Estado actúe bajo las mismas reglas.
Que no dependa de la entidad de turno si una persona del campo puede acceder a salud, vivienda, educación, crédito, o proyectos productivos.
Que el campesinado tenga garantías claras, iguales y reales, sin importar ante qué institución se presente.
Este proyecto todavía está en trámite, y su aprobación es clave para que el Estado deje de improvisar con el campo y empiece a reconocerlo como se merece.
Si de verdad queremos justicia para el campesinado, necesitamos un solo concepto y muchas más garantías.
