Y ojo con esto: la ley sí permite que se actualice el valor de los predios, pero también pone límites para proteger a la gente. La Ley 44 de 1990 establece que los concejos municipales fijan las tarifas del predial dentro de unos rangos, es decir, no pueden cobrar lo que quieran. Y la Ley 1995 refuerza algo clave: aunque el avalúo suba, el impuesto no puede incrementarse de manera desproporcionada de un año a otro. 
Entonces, lo que está pasando hoy no es normal. No es justo que a una familia le llegue un recibo duplicado o triplicado de un momento a otro, porque eso no solo golpea el bolsillo, sino que pone en riesgo el patrimonio de toda una vida. 
Aquí hay que revisar, corregir y hacer respetar la ley. Porque el desarrollo no puede convertirse en abuso.
