04 de Junio de 2026
Junto al representante a la Cámara por Boyacá, Pedro Suárez Vacca, expresamos nuestra solidaridad con el doctor Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, frente a la suspensión impuesta por la Procuraduría.
Resulta preocupante que, en tiempo récord, se adopte una decisión disciplinaria contra un servidor público por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Lo que debería ser una garantía fundamental en cualquier democracia hoy parece convertirse en motivo de sanción.
Carlos Carrillo expresó una opinión desde sus redes sociales personales, en el marco del debate público y político que vive el país. Sin embargo, la respuesta institucional ha sido una suspensión que genera serias inquietudes sobre la imparcialidad y la proporcionalidad de este tipo de actuaciones.
Cuando las voces críticas son castigadas con tanta rapidez, surge una pregunta inevitable: ¿estamos ante una decisión de justicia o frente a una retaliación política?
Defender la libertad de expresión no depende de compartir o no una opinión. Depende de garantizar que nadie sea perseguido por expresar sus ideas. La democracia se fortalece con más debate, no con sanciones que pueden interpretarse como mecanismos de censura o intimidación.
Nuestra solidaridad con Carlos Carrillo y nuestro llamado a proteger las garantías democráticas de todos los ciudadanos.
