Hoy, desde la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, volvimos a poner sobre la mesa una realidad que está golpeando directamente el bolsillo de los colombianos: los abusivos incrementos en los avalúos catastrales. Acabo de salir de una reunión con el director del IGAC y su equipo, donde quedó claro que en muchos municipios el Estado se está declarando impedido para intervenir, porque la actualización catastral fue entregada a operadores privados.
Y aquí es donde surge una pregunta de fondo: ¿quién responde entonces? Porque lo que antes era una función misional del IGAC, hoy se ha venido privatizando progresivamente, dejando en manos de operadores que no le rinden cuentas a la ciudadanía. Por eso, he sido claro: en este debate también debe responder la Superintendencia de Notariado y Registro, explicando bajo qué criterios técnicos, jurídicos y legales se permitieron incrementos desproporcionados.
Lo que está pasando en Villavicencio es alarmante. Avalúos que han subido 1.000%, 3.000%, 10.000% e incluso más, mientras los ciudadanos tienen plazo hasta el 15 de abril para pagar o enfrentarse a cobros coactivos. Aquí también hay responsabilidades de alcaldes y concejos municipales. Esto no es justo, no es técnico y no es sostenible. Vamos a seguir dando este debate con firmeza. 
