La decisión tomada por el Consejo de Estado no es justa y no es democrática. Es una muestra clara de la indiferencia institucional frente a quienes mueven la economía, producen la riqueza y sostienen este país con su trabajo diario.
Llamamos a la clase trabajadora a salir a las calles de manera pacífica, organizada y firme, para exigir que se respete su salario, su derecho y su dignidad.
Porque los pocos que deciden desde el privilegio y la mezquindad, no pueden condenar a millones de trabajadoras y trabajadores colombianos a recibir un salario indigno y a seguir viviendo en la pobreza.
¡El salario mínimo vital es un derecho, es urgente y necesario que lo hagamos respetar!
