En Comisión Quinta, discutimos el Proyecto de Ley 238 de 2025 “Por medio de la cual se regula la propiedad, posesión y/o tenencia de la tierra al interior de la contera agrícola por parte de extranjeros” enfatizamos en puntos muy claves. Básicamente, la iniciativa legislativa no prohíbe la inversión extranjera ni impide que los extranjeros vengan a Colombia, compren empresas o hagan parte de nuestra economía. Lo que propone es una regulación responsable: establecer que máximo el 15% de las tierras dentro de la frontera agrícola de cada municipio pueda estar en manos de extranjeros. Regular no es prohibir, es proteger el interés nacional.
Hoy el país enfrenta una alta concentración de la tierra. Más de 1.500 multinacionales participan en los procesos productivos y en la tenencia de grandes extensiones, como lo evidencian investigaciones que muestran cómo pocas empresas controlan millones de hectáreas. La pregunta es legítima: ¿por qué no fortalecer también al campesino y al empresario colombiano para que puedan competir en igualdad de condiciones y dinamizar el desarrollo rural?
Este proyecto no contempla expropiaciones, no tiene efectos retroactivos y respeta plenamente el derecho a la propiedad privada. Por el contrario, busca ordenar el uso del suelo, proteger el medio ambiente, evitar prácticas irregulares de acumulación y garantizar que la tierra siga cumpliendo su función social, económica y ambiental para el presente y el futuro del país.
