Este proyecto sí tiene impacto fiscal: crea una política permanente con incentivos económicos, apoyo técnico y pagos por servicios ambientales, lo que implica recursos del Presupuesto General de la Nación, costos de operación y nuevas obligaciones que hoy no tienen fuentes de financiación claramente definidas.
Además, advertí riesgos de duplicidad normativa e inseguridad jurídica, ya que existen leyes ambientales vigentes que regulan estas materias. Nuestro compromiso es proteger el medio ambiente y a las comunidades, pero con proyectos viables, claros y fiscalmente responsables
